Procuraduría solicita aval de la Corte para emergencia económica tras terremoto
El Ministerio Público respalda la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica tras el sismo del 10 de agosto
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que avale los decretos 1261 y 1348 de 2026 emitidos por el Gobierno colombiano, en los que se declaró y modificó el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica debido al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. El Ministerio Público consideró que el Ejecutivo cumplió con los requisitos legales para activar este régimen de excepción, dada la magnitud e impacto del desastre natural.
Contexto y argumentos del aval
El procurador general, Gregorio Eljach, presentó un concepto en el que destacó que el terremoto fue un evento “imprevisible, súbito y extraordinario” que superó la capacidad de respuesta estatal. Según la Procuraduría, las restricciones presupuestales y los trámites habituales dificultaban atender las necesidades urgentes que dejó el sismo.
“Los mecanismos ordinarios de gestión presupuestal resultan claramente insuficientes para atender una situación excepcional de gran magnitud”, indicó el Ministerio Público. Además, puntualizó que las afectaciones se concentraron simultáneamente en varios territorios, lo que agravó el impacto.
El concepto también resaltó que el Gobierno cumplió con los requisitos formales de la declaratoria, incluyendo la firma del presidente Abelardo de la Espriella, la exposición de motivos, la comunicación al Congreso y la notificación a organismos internacionales.
Alcance territorial y modificaciones del decreto
La Procuraduría pidió que la Corte considere aplicar las medidas a los 496 municipios reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como afectados. También solicitó que se incluyan otros territorios que puedan demostrar daños relacionados con el terremoto.
Tras una revisión, el Decreto 1348 modificó el alcance inicial al incluir los departamentos de Caquetá y Santander, y excluir a Putumayo, ajustando así la cobertura de la emergencia según las afectaciones reales.
Para mayor información oficial sobre la gestión de emergencias en Colombia, se puede consultar la página de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La solicitud de la Procuraduría se enmarca en la necesidad de agilizar la atención y la reconstrucción en las zonas afectadas, garantizando recursos y acciones excepcionales para enfrentar las consecuencias del terremoto. Esta medida busca fortalecer la capacidad estatal para responder a la emergencia y mitigar el impacto en las comunidades afectadas.
Fuente de la imagen: https://laopinion.co/colombia/procuraduria-pidio-la-corte-constitucional-avalar-declaratoria-de-emergencia-economica
