Exfuncionarios apuntan a la oficina de Cabeza de Vaca por contratos bajo investigación
Las declaraciones de dos exintegrantes del gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca colocan bajo escrutinio la cadena de mando detrás de contratos públicos investigados en Tamaulipas. Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico, afirmó que las decisiones que hoy se le cuestionan respondían a instrucciones provenientes de la oficina del entonces gobernador, de acuerdo con información publicada por Proceso y La Crónica de Hoy.
Según el reportaje de Proceso, publicado el 26 de octubre, García González enfrenta tres causas penales relacionadas con contratos por un monto conjunto aproximado de 11.6 millones de pesos. Dos de los expedientes derivaron en vinculaciones a proceso en octubre de 2025, mientras que el tercero permanece pendiente de audiencia inicial.
En declaraciones retomadas por La Crónica de Hoy, el exfuncionario sostuvo que la Secretaría de Desarrollo Económico actuaba como área requirente y que no tenía facultades para seleccionar proveedores, adjudicar contratos ni autorizar pagos. Aseguró que las instrucciones relacionadas con las decisiones cuestionadas provenían directamente de la oficina de García Cabeza de Vaca.
Estos señalamientos se suman a los realizados por Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud, quien también atribuyó al exmandatario instrucciones para adjudicar contratos públicos a determinadas empresas durante la administración estatal de 2016 a 2022.
Molina Gamboa afirmó que las decisiones sobre contratos de relevancia económica o política se gestionaban a través de la estructura administrativa de la dependencia y pidió que las investigaciones no se limiten a los funcionarios que ejecutaron los procedimientos, sino que examinen toda la cadena de mando.
Las declaraciones de ambos exsecretarios abren interrogantes sobre quiénes ordenaron, autorizaron y ejecutaron las contrataciones que actualmente están bajo investigación, así como sobre las atribuciones de los servidores públicos que participaron en ellas.
Aunque los testimonios apuntan a presuntas instrucciones desde la oficina del entonces gobernador, corresponde a las autoridades corroborar esas versiones, revisar la documentación y determinar si existen responsabilidades penales.
El esclarecimiento de los casos resulta relevante para conocer cómo se ejercieron los recursos públicos durante aquella administración. La ciudadanía de Tamaulipas merece conocer la verdad y que las investigaciones alcancen a todas las personas que resulten responsables, conforme a derecho.
