Camargo: 19 personas asesinadas y calcinadas; la masacre que marcó a los GOPES de Cabeza de Vaca
El asesinato de 19 personas en el ejido Santa Anita, en el municipio de Camargo, Tamaulipas, dejó al descubierto uno de los casos más graves relacionados con elementos de la Policía Estatal durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. A más de cinco años de los hechos, la detención de otra exintegrante de esa corporación vuelve a colocar bajo escrutinio a los Grupos de Operaciones Especiales (GOPES) y al modelo de seguridad impulsado durante aquella administración.
La masacre ocurrió el 22 de enero de 2021. Entre las víctimas había 16 personas de nacionalidad guatemalteca, una salvadoreña y dos mexicanas. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados dentro y cerca de vehículos incendiados, en una escena que dio origen a una investigación sobre la actuación de agentes estatales y las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.
Las investigaciones judiciales establecieron la participación de policías estatales en los hechos. El caso también expuso la manipulación de la escena, un aspecto que agravó las interrogantes sobre la actuación de los uniformados y los intentos por esclarecer lo sucedido desde las primeras horas.
La detención de Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, el 26 de octubre de 2026 en Altamira, reactivó la atención sobre el expediente. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas la señala por su probable participación en el homicidio calificado de las 19 personas. La imputación deberá resolverse mediante el proceso legal correspondiente; la detención no equivale a una sentencia.
En 2023, 11 expolicías fueron condenados a 50 años de prisión, mientras que otro agente recibió una pena de 19 años por delitos distintos relacionados con el caso. Las sentencias representaron un avance en la determinación de responsabilidades individuales, aunque siguen vigentes las preguntas sobre la cadena de mando, la supervisión de los elementos y la posible intervención de otros funcionarios.
Los hechos también mantienen bajo cuestionamiento a los GOPES, presentados como una fuerza de élite durante el gobierno de Cabeza de Vaca. El caso plantea interrogantes sobre los controles institucionales de esa corporación, la vigilancia de sus operaciones y las responsabilidades de quienes tenían funciones de mando. Esos puntos deben esclarecerse con pruebas, sin atribuir responsabilidades que no hayan sido acreditadas judicialmente.
Más allá de los expedientes y las condenas, la masacre dejó familias que siguen buscando respuestas por la pérdida de sus seres queridos. La reparación del daño, el esclarecimiento de las circunstancias y la identificación de las responsabilidades que puedan demostrarse continúan siendo parte de las exigencias de justicia.
Detrás del expediente hay 19 vidas y familias que merecen respuestas. La gravedad de lo ocurrido obliga a mantener la exigencia de verdad, reparación y justicia, sin permitir que el paso del tiempo cierre las preguntas pendientes sobre la masacre de Camargo.
