Contratos hospitalarios bajo la gestión de Cabeza de Vaca: señalan intervención de Jesús Nader
Procedimientos de contratación por aproximadamente 136.3 millones de pesos, correspondientes a operaciones realizadas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, fueron cuestionados en cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el 19 de agosto de 2025, de acuerdo con una investigación publicada por Proceso.
El reportaje pone atención en contratos de mantenimiento hospitalario y otros procedimientos de adquisición, así como en la intervención de funcionarios que participaron en la gestión administrativa y en la autorización de las compras durante el periodo 2016-2022.
Entre los señalados en la investigación periodística se encuentra Jesús Antonio Nader Nasrallah, quien se desempeñó como secretario de Administración y presidente del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales durante el gobierno de Cabeza de Vaca.
Los documentos citados por Proceso registran autorizaciones para realizar concursos mediante invitación restringida, un mecanismo cuya aplicación y documentación forman parte de los cuestionamientos presentados ante las autoridades. Las denuncias plantean la necesidad de revisar cómo se desarrollaron los procedimientos, qué propuestas económicas se recibieron y si las contrataciones se apegaron a la normativa aplicable.
Entre las operaciones bajo revisión figuran contratos de mantenimiento hospitalario por 30.3 millones, 14.8 millones y 65 millones de pesos, además de otros procedimientos que integran el monto global señalado en las denuncias.
La investigación también recoge los señalamientos de Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, quien afirmó públicamente que recibió instrucciones atribuidas al entonces gobernador para adjudicar contratos a determinadas empresas. En sus declaraciones, vinculó estas decisiones con compañías relacionadas, según su versión, con Sergio y Julio César Carmona Angulo.
Molina Gamboa sostuvo que las decisiones sobre contratos de interés económico o político no dependían exclusivamente de la operación técnica de la Secretaría de Salud y pidió que las investigaciones se extiendan a toda la cadena de mando.
El caso pone bajo escrutinio las atribuciones de los funcionarios responsables de autorizar compras, los mecanismos utilizados para seleccionar proveedores y la documentación que respaldó las adjudicaciones durante la administración estatal.
Las denuncias, sin embargo, no constituyen por sí mismas una sentencia judicial. Corresponde a las autoridades determinar si existieron irregularidades, establecer las responsabilidades individuales y esclarecer si los procedimientos cumplieron con las disposiciones legales.
Los 136.3 millones de pesos corresponden al monto aproximado de las operaciones cuestionadas, no a una cantidad cuyo desvío haya quedado acreditado judicialmente.
