La contralora general de la República, Marta Acosta, solicitó este martes a una comisión de la Asamblea Legislativa el archivo de la última versión de la conocida "ley jaguar", presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves. Este proyecto, aún en trámite en el Congreso, es el último vestigio del intento del Poder Ejecutivo por eliminar algunos de los controles en el sistema de contratación pública.
Durante su intervención, Acosta dejó claro que la Contraloría se opone al proyecto y que no hay elementos que merezcan ser rescatados. "Nosotros estamos en contra del proyecto", afirmó, respondiendo a una consulta del diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), quien la preguntó sobre su opinión al respecto en la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración.
La Sala Constitucional ya había declarado la inconstitucionalidad del expediente 24.467, que está bajo análisis en el Congreso, mientras que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa alertaron que el proyecto no aporta ninguna innovación al sistema legal nacional.
Acosta destacó que, aunque el expediente afirma promover el desarrollo del país, sus disposiciones tienen como objetivo un "desmantelamiento del control", lo cual podría resultar perjudicial y un retroceso para el modelo de fiscalización logrado hasta ahora.
En su intervención, la contralora también defendió el papel de la Contraloría, un rol que, según ella, no siempre es popular entre los responsables políticos, pero que cobra aún más relevancia bajo el gobierno de Rodrigo Chaves. "Nuestro trabajo no es para agradar a todo el mundo. Cuando una Contraloría le gusta a todo el mundo, es momento de revisarse", declaró Acosta, enfatizando que su labor de vigilancia sobre el uso adecuado de los fondos públicos y la fiscalización es clave para el sistema democrático.
Advirtió a los diputados sobre los riesgos de eliminar los controles y permitir contrataciones directas. Según Acosta, este tipo de medidas podría ser más perjudicial para el país que seguir los procesos establecidos por la ley. "Cuidado si se equivocan, porque podría salirnos más caro y a largo plazo", alertó.
Acosta también mencionó la resistencia que algunos tomadores de decisiones tienen hacia la etapa de preinversión, que se hizo obligatoria con la Ley de Contratación Pública de diciembre de 2022. Según la contralora, esta fase es esencial para garantizar el éxito de los proyectos a largo plazo, aunque reconoció que su implementación ha representado un desafío cultural para los encargados de tomar decisiones.
"Los gobernantes buscan resultados rápidos, pero esto puede revertirse", comentó Acosta, refiriéndose a la importancia de cumplir con todas las etapas del proceso de contratación pública.
En respuesta, la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó cifras de la Cámara de la Construcción que muestran que los proyectos con preingeniería tienen un retraso promedio del 15%, mientras que aquellos que no cumplen con esta etapa previa enfrentan un atraso estimado del 178%.
Finalmente, Acosta subrayó que la clave para acelerar la concreción de obras públicas está en cumplir con los requisitos legales y constitucionales. Aseguró que cualquier proyecto que cumpla con estos requisitos será llevado a cabo, recordando que, si no se respetan las normas, "no tendríamos ninguna carretera, hospital, escuela ni puente", ya que todos los gobiernos deben cumplir con el Estado de derecho.
"Cuando no es así, nuestra labor es investigar, auditar y señalar", concluyó Acosta.
Fuente: Nación