El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está investigando al exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y a excolaboradores cercanos debido a acusaciones de interferencia en la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). Se les señala por presuntamente ejercer presión, amenazas, extorsión y ofrecimiento de beneficios económicos y políticos a jueces y magistrados entre los años 2019 y 2022 para influir en decisiones judiciales en favor de intereses personales y de terceros.
La investigación se inició tras una denuncia anónima presentada el 9 de abril. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó la indagatoria correspondiente en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, otorgando amplias facultades para recopilar pruebas que aclaren responsabilidades administrativas. Sin embargo, el CJF no tiene jurisdicción para investigar y sancionar al exministro Zaldívar.
Durante su gestión como titular del CJF, Zaldívar supuestamente conspiró con el exconsejero Jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, para socavar la autonomía del PJF y de los jueces y magistrados.
Según la denuncia, Zaldívar ejerció presión a través de su exsecretario general de la presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar, para que los jueces y magistrados resolvieran a favor de sus intereses, ofreciéndoles beneficios políticos y económicos o amenazándolos con sanciones.
Las áreas del CJF supuestamente utilizadas para presionar incluyen la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Alpízar Salazar es acusado de corrupción, extorsión y violencia contra jueces y magistrados, así como de subordinación a otros poderes.
Se alega que Zaldívar y Alpízar contactaron a jueces y magistrados para influir en casos importantes, como las impugnaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, utilizando presiones y amenazas relacionadas con procesos penales y administrativos, así como investigaciones financieras.
La investigación también involucra a otros funcionarios judiciales y exfuncionarios, como el exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, acusado de influir en defensores para actuar según sus intereses, y el secretario de la ponencia de la ministra Lenia Batres, señalado por prohibir la promoción de juicios de amparo relacionados con la falta de atención médica por Covid-19 para no inflar las estadísticas gubernamentales.
Fuente: El Universal