Perú
El gobierno de Perú defendió en un informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la legalidad del indulto humanitario que llevó a la liberación del ex presidente Alberto Fujimori en diciembre pasado. Fujimori había sido condenado a 16 años de prisión por su implicación en la muerte de 25 peruanos durante su gobierno.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó en una conferencia que Perú actuó de acuerdo con su marco jurídico interno y externo en el caso Fujimori y demandó respeto por su soberanía jurídica nacional e internacional.
Esta posición contrasta con la de los familiares de las víctimas de los asesinatos ocurridos en 1991 y 1992, quienes consideran que el ex presidente no mostró arrepentimiento ni cumplió con las obligaciones de reparación civil. Además, Fujimori enfrenta otras condenas por corrupción y adeuda alrededor de 15 millones de dólares al Estado.
La Corte Interamericana había pedido al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que no ejecutara una orden del Tribunal Constitucional para liberar a Fujimori, ante lo cual el gobierno procedió con la excarcelación el 6 de diciembre. La CorteIDH posteriormente advirtió a Perú sobre un posible desacato y solicitó un informe detallado sobre la liberación del ex presidente.
Fujimori había sido beneficiado con un indulto presidencial en 2017, revivido posteriormente por el Tribunal Constitucional en una decisión que ha generado controversia. Expertos consideran que el indulto original fue concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski con motivaciones políticas para ganar apoyo parlamentario.
Alberto Fujimori fugó a Japón en 2000 tras diversos escándalos de corrupción y renunció desde allí a la presidencia. Fue detenido en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007 para enfrentar juicios por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Fuente: La Jornada