La presidente municipal de Naucalpan, Angélica Moya Marín, reveló en una conferencia de prensa que el municipio ha sido víctima de un desfalco financiero heredado que asciende a más de 3,500 millones de pesos, una cantidad equivalente a casi un año completo del presupuesto municipal. Este desfalco, generado durante el periodo 2019-2021, ha tenido un impacto significativo en la capacidad del gobierno actual para cumplir con compromisos financieros, resultando en el pago de aproximadamente 1,500 millones de pesos en deudas no saldadas.
La alcaldesa destacó que este desfalco incluyó incumplimientos de pagos que han afectado a su administración actual, así como el descubrimiento de aproximadamente 250 obras no realizadas que se habrían cobrado ilegítimamente por un total de 220 millones de pesos.
En respuesta a las acusaciones de irregularidades en su gestión, Moya Marín negó firmemente cualquier mal manejo de los recursos públicos durante su mandato. Subrayó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha acusado a su gobierno de desvíos o malos manejos financieros. Explicó que las observaciones realizadas hasta el momento están siendo solventadas activamente por su administración, demostrando la coherencia de los pagos con los tabuladores autorizados.
La alcaldesa también señaló que su gobierno ha enfrentado una serie de desafíos heredados, incluyendo la pérdida de sellos fiscales y la entrada en el Buró de Crédito, debido a las acciones corruptas de la administración anterior. En respuesta, su gobierno ha tomado medidas enrgéticas para estabilizar la situación financiera del municipio, priorizando la recuperación operativa y el pago de deudas acumuladas.
Además, Angélica Moya destacó las acciones emprendidas para abordar las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que señaló numerosas irregularidades en el uso de recursos durante la administración pasada. Esto incluye procedimientos para sancionar a exfuncionarios responsables y la resolución de obras públicas no concluidas, con posibles daños patrimoniales estimados en más de 5,500 millones de pesos.
Fuente: Milenio